Distingo tres grandes tipos de corrupción
en nuestra sociedad: la administrativa (aquella realizada por los funcionarios
públicos); la privada (los actos ilícitos cometidos en el ámbito de la
iniciativa privada); y la política (aquella que realizan los políticos en el
ejercicio de sus cargos). Todas ellas interrelacionadas entre ellas, en parte o
todas conjuntamente.
Hablar de la existencia de corrupción
política en nuestro país es un hecho incuestionable. Se entiende por corrupción
política la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulan los
medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del
mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y
beneficiar.
La corrupción tiene su origen o está sujeta
al Poder, y surge de un deseo humano centrado en las malas prácticas y de la
carencia de principios éticos, y en el caso de la política se centra en no
favorecer el interés general de la sociedad a la cual se debe y a la cual
quiere supuestamente representar en su origen. Por tanto para mí los políticos
corruptos son delincuentes, puesto que infringen directamente la ley, la ética,
la moral y los principios que la sociedad tienen y por los cuales se les otorga
su confianza para defender lo común sobre lo individual o concreto.
La corrupción política no está en las
ideologías o en las ideas que la diferentes formaciones políticas puedan
defender, están en aquellos individuos que las integran. Algo distinto es que
sus compañeros en dichas organizaciones lo omitan lo que los convierten en
cómplices de facto en el aspecto puramente ético, que no judicial. En nuestro
país hay políticos que se creen una casta y se dotan de leyes y mecanismos
legales para actuar desde la impunidad, preservando privilegios que en otras
sociedades occidentales son impensables: aforamientos, utilización discrecional
del indulto (sin cotos claramente definidos por ley), y un sistema judicial
preso (en los altos tribunales) de la influencia política; y a todo esto hay
que sumarle una ley de transparencia que es muy mejorable.
Hay que fijarse en los últimos datos del
informe del Índice de Percepción de la corrupción (IPC) realizado por la ONG Transparencia
Internacional (TI), relata que nuestro país es el segundo tras Siria donde más
aumenta la percepción de corrupción, y es que en un solo año (2012-2013)
pasamos de una puntuación de 65 (sobre un máximo de 100) a los 59, descendiendo
de la posición 30 hasta la 40 de los 177 países analizados (nos colocamos en el
puesto 19 de los 30 países del área europea), quedando muy lejos de Dinamarca
con 91 puntos siendo el país más transparente a nivel europeo y mundial (junto
con Nueva Zelanda). Hemos obtenido así la puntuación más baja de los últimos
quince años.
Decían los expertos de dicha ONG, en este
último informe, que la ley de transparencia española es débil, carece de claros
castigos para los infractores, deja mucho margen a la discrecionalidad de los
funcionarios y no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos.
También ven fundamental el efecto que han tenido la lentitud y la baja
intensidad de las sanciones penales contra los actos de corrupción, la
expansión de los escándalos a instituciones clave del Estado y la sensación de
impunidad.
Vaya siempre por delante la Presunción de
Inocencia de los políticos imputados por casos de corrupción por los tribuales,
igual que cualquier ciudadano, por ser un principio básico de nuestra
constitución (Artículo 24) y de nuestro ordenamiento jurídico (Derecho Penal:
"todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo
contrario").
Pero, de las responsabilidades políticas
y el descredito que sufren las instituciones por las imputaciones de caso de
corrupción política, salvo raras excepciones, todos los partidos viejos están
de acuerdo: "Aquí no se dimite
hasta que un tribunal de Justicia lo dictamine (lo que la ley establece de
manera obligatoria bajo el concepto de "inhabilitación").
Decía el historiador y político inglés
Lord Acton (1834-1902): "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente", y comprobamos que cuando, mayoritariamente, en nuestro
país hay formaciones políticas que no entran a atajar de raíz y de manera
contundente la corrupción, con iniciativas legislativas más duras penalmente
para los corruptos, y que es lo que refleja y desea una ciudadanía cada vez más
exigente, estableciendo criterios transparentes y éticamente inmaculados, hay
que decir sin miedo que el sistema de valores de algunos no buscan la defensa
del interés general sino la IMPUNIDAD y el PRIVILEGIO, más allá de cualquier
otro criterio ético.
Para que la corrupción triunfe la
INDIFERENCIA de los ciudadanos es su mejor arma, cuando dicha ciudadanía la
rechace y castigue electoralmente (donde algunas formaciones políticas las
toleran y que MUCHOS DE SUS INTEGRANTES la utilizan como "medio de
vida") entonces será el principio del fin de una de las mayores lacras de
nuestro país y que nos avergüenza con respecto a otros países que no transigen
con la misma (como por ejemplo, Dinamarca).
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