La profunda politización de nuestro país
en las instituciones hace del mismo que cada vez más, haya profundas
diferencias entre ciudadanos de distintos territorios, lo que conduce a un
incremento en la brecha de derechos que varían en función de los "criterios
políticos” de la región donde se resida (especialmente en aquellas donde existe
arraigo nacionalista, facilitadas por el complejo de los sucesivos gobiernos
nacionales ante dichos nacionalismos que solo acentúan las diferencias entre
comunidades autónomas).
En una materia tan sensible como la
educación, uno de los pilares esenciales del estado del bienestar, no podemos
ni debemos permitir que los criterios de unos pocos se impongan sobre el de la
mayoría y es cada vez más necesario que el sentido común se imponga ante
cualquier otro criterio que esté alejado del interés general de los españoles.
En nuestro país se generan "17
miniestados" en educación y otras competencias transferidas por el estado
a las comunidades autónomas, donde cada una de ellas tienen sus propias normas
y con un tronco común que apenas llega al 25% de la materia curricular. Esto
genera paradojas dentro de nuestro país hasta el punto de que es más fácil
mover un expediente académico entre países de la UE (Unión Europea) que entre
las comunidades autónomas (CC.AA) españolas; o la referida al
"curriculum" en donde las comunidades autónomas pueden regular con
diferencias irracionales, de tal modo que las CC.AA sin lengua oficial pueden
decidir el 55% del curriculum y las que tienen lenguas co-oficiales pueden
decidir el 65% (donde está el fundamento cognitivo para esta diferencia).
Ese criterio solo es viable y
reconducible si se tiene altura de miras y ambición de país, y si se encuadra
dentro de una única administración (la del Estado) que tiene la obligación de
garantizar la unidad de criterio en todo el territorio nacional retomando la
competencia en esta materia (y en otras), que actualmente ostentan las
Comunidades Autónomas.
No hay elemento más cohesionador e
igualitario a la hora de las oportunidades que la educación, y es prioritario
acometer una reforma educativa con sentido, con los mismos criterios de
accesibilidad y con contenidos comunes en todo el territorio nacional sin fines
partidistas o identitarios. Es necesario destinar partidas presupuestarias
necesarias, bajo estudios asépticos e independientes, para establecer
parámetros óptimos que nos den una enseñanza pública de calidad, contando con
los profesionales de la enseñanza, para alcanzar la excelencia que se disfruta
en los países más avanzados, sin olvidar todas las etapas de la educación, y
diferentes opciones, de la formación académica de los alumnos que en el futuro
comandarán este país.
Todas las leyes en educación en nuestro
país, han servido para dejar la huella ideológico-político en las mismas, al
alternarse el PP-PSOE en el gobierno de la nación, en vez de centrarse en los
problemas educativos que ahora mismo tenemos, con diferencias sustanciales
entre regiones y que se ven reflejadas en el informe PISA.
De todos depende que nuestro país salga
del ostracismo rancio de aquellos que la palabra REFORMAR, que no imponer, les
produce incomodidad (los partidos tradicionales) porque están cómodos en sus
posicionamientos inmovilistas e interesados, y que difieren de un fin distinto
de lo que en política tenemos que llevar acabo: la defensa del interés general.
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